PARTICIPACIÓN DE LOS JUECES NACIONALES EN LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ANDINO


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1 PARTICIPACIÓN DE LOS JUECES NACIONALES EN LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ANDINO Hildegard Rondón de Sansó Entre las competencias del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, se encuentra la relativa a la interpretación perjudicial. Ahora bien, en nuestro país, la Ley aprobatoria del tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (Gaceta Oficial Extraordinaria No del 7 de julio de 1983, indica en su artículo 3 que la "Interpretación Judicial" (prevista en los artículos 28, 29 y 30 del Tratado) debe efectuarse en el sentido expresado en los artículos 129, 205 y 211 de la Constitución. Esta disposición, como veremos, se inserta en la dudosa situación que tienen todas las normas comunitarias en el sistema venezolano, por el hecho de que no se ha logrado superar el impacto de la existencia de la supranacionalidad, y con ello aceptar la fuerza derogatoria que sobre la legislación nacional tiene la norma derivada del Acuerdo de Cartagena. Venezuela no ha terminado de asimilar que estamos ante un sistema comunitario, que sólo es eficaz en la medida en que se reconozca la aplicación automática de las disposiciones dictadas por los organismos del Acuerdo, esto es, sin que sea necesario para que se produzca su incorporación al sistema de derecho positivo interno, de ninguna fuente derivada de dicho sistema que ordene la admisión. Es decir, que no ha podido prescindirse de la necesidad de que sea la norma interna (la ley o el decreto) la que le dé eficacia jurídica a la norma comunitaria y que sea necesaria su presencia (ley aprobatoria o decreto aprobatorio), para que ésta pueda considerarse como norma de derecho positivo vigente en el país. Para que pueda apreciarse la existencia del problema, es necesario describir en general la situación existente en Venezuela, sobre la recepción de las normas derivadas del Acuerdo de Cartagena. Al efecto, nuestro país se adhirió a la normativa del Acuerdo de Cartagena o Acuerdo de Integración Subregional Andino, suscrito en Bogotá, Colombia, el 16 de mayo de 1969, mediante la firma del Consenso de Lima, del 13 de febrero de Estos Acuerdos vinculaban a los miembros originarios, esto es, a Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela y, también, inicialmente, a Chile y a Perú, y establecía entre ellos un sistema de integración económica. Venezuela recibió en su ordenamiento interno las normas contenidas en dicho tratados, mediante una Ley 105

2 Hildegard Rondón de Sansó aprobatoria que fue promulgada el 20 de septiembre de 1973, en cuyo texto, precedentemente indicado, se aprobaron igualmente las Decisiones 24, 37, 37-A, 40, 46, 50, 56 y 70 de la Comisión de dicho Acuerdo. Esta ley aprobatoria estableció en su artículo único una serie de principios relativos a la incorporación y regulación en el ordenamiento jurídico nacional de las normas derivadas del Acuerdo, que son, al efecto, los siguientes: a) Respecto de las normas emanadas de la Comisión, que modifiquen la legislación nacional. Según la ley aprobatoria para Venezuela, las decisiones de la Comisión, máximo organismo del Acuerdo que modifiquen la legislación nacional "o sea materia de la competencia del poder legislativo, requieren para su aprobación de una ley formal. h) Con respecto a las normas de la Comisión, cuyo contenido no afecte las materias de la competencia legislativa. La ley aprobada señala que serán puestas en vigor por el Ejecutivo Nacional "en la oportunidad en que lo considere procedente, conforme a las disposiciones del Acuerdo". e) En relación con las normas de la Comisión en materia la vigencia y disposiciones internas que regulen la actividad de dicho organismo. Se estableció que tales normas serían puestas igualmente en vigor, como se señaló para las indicadas en la letra "b", por el ejecutivo nacional, en las mismas condiciones, esto es, cuando lo considerase procedente conforme a las disposiciones del Acuerdo. d) Las normas nacionales de aplicación de las decisiones. Las indicadas normas son dominadas como "reglamento nacionales" y han de ser dictadas por el ejecutivo nacional. e) Los regímenes nacionales especiales. Alude esta figura a las decisiones de la Comisión, que establezcan la posibilidad de que cada país miembro pueda adoptar un régimen propio, el cual estaría sometido a la competencia del ejecutivo nacional; sin embargo, para el legislador tal competencia no podría operar cuando sobre la materia se requiere aprobación legislativa mediante Ley. Al dictarse la ley de aprobación del Acuerdo Subregional Andino, el legislador luchó por atenuar el efecto supranacional de la norma aprobada, lo cual hizo al aplicar el dispositivo de la Constitución, regulador de los tratados en general, ya que ella salvo la delicada labor de interpretación extensiva, que se haga concordadamente, de varias disposiciones de nuestro texto fundamental, no tiene previsiones para atender a un régimen de integración que exija la recepción automática de las normas de los organismos comunitarios en el ordenamiento jurídico interno, verdadera base y garantía de un sistema como el que se delineaba en el Acuerdo. Al efecto, en la constitución se establece que la aprobación de los tratados o convenios internacionales, celebrados por el Ejecutivo Nacional, deberá efectuarse mediante la ley especial (artículo 128). Este principio sufre una serie de excepcio- 106

3 Participación de los Jueces Nacionales en la Interpretación Prejudicial nes: la primera de las excepciones está constituida por la circunstancia de que sea menester, durante el receso de las cámaras, en virtud de la urgencia de la medida, autorizar la ejecución provisional del tratado, lo cual corresponde a la comisión delegada del Congreso; pero, en este caso, se requiere someter posteriormente la cuestión a la aprobación del Congreso. Otra excepción es la aprobación mediante decreto del ejecutivo, en los casos en que, mediante los tratados, se trate simplemente, de ejecutar actos ordinarios de las relaciones internacionales o, "ejercer facultades que la ley atribuye expresamente a ejecutivo nacional". Aplicando los principios constitucionales a la recepción de las disposiciones del Acuerdo de Cartagena ella se debe realizar, según el artículo únco de la ley aprobatoria, sólo mediante un acto de derecho interno. Ahora bien, se ha alegado, desde la vigencia de la ley aprobatoria que sus exigencias contradicen el espíritu, propósito y cazón de acuerdo subregional, que es el de crear instituciones comunitarias que dirijan el proceso de integración económica, respecto de lo cual el artículo 108 de la Constitución establece: "Artículo 108: La República favorecerá la integración económica latinoamericana. A este fin se procurará coordinar recursos y esfuerzos para fomentar el desarrollo económico y aumentar el bienestar y seguridad comunes". Lo anterior es el núcleo del problema que se planteó con toda su complejidad en el recurso que se introdujo contra el parágrafo primero del artículo único de la Ley Aprobatoria. En efecto, el 21 de junio de 1982, fue ejercida la acción popular de inconstitucionalidad. ante la Corte Suprema de Justicia en Pleno, contra el parágrafo primero del artículo único de la Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cartagena, por estimarlo violatorio de los artículos 128 y 190, ordinales lo. y 5o. de la Constitución. El recurrente señaló, en su libelo, que el parágrafo primero de artículo único de la Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cartagena despoja al ejecutivo nacional de su competencia constitucional y atribuye al Congreso una potestad que no tiene. Al efecto, estima que, la Constitución prevé dos tipos de legislación, según sea el órgano de donde provenga: hay una legislación congresional (artículo 139) y una legislación ejecutiva (artículo 128, ordinal 80. del artículo 190 y artículo 241). La potestad del poder ejecutivo deriva, en unos casos, directamente de la Constitución, como es la legislación que dicta durante el estado de emergencia o cuando celebra tratados que no requieren de la aprobación del Congreso; y, en otros casos, de una habilitación dada por la Cámara Legislativa. Considera el recurrente que, cuando el parágrafo primero del artículo único de la Ley de Aprobatoria del Acuerdo de Cartagena dispone que las decisiones del Acuerdo de Cartagena que "modifiquen la legislación venezolana o sean materia de la cometencia del Poder Legislativo", deben ser aprobadas mediante una ley. 107

4 Hildegard Rondón de Sansó viola el artículo 128 de la Constitución, en concordancia con los ordinales lo y So del artículo 190 del mismo texto fundamental. La violación del artículo 128 deriva del hecho de que se priva al Ejecutivo Nacional de la potestad de ejecutar obligaciones preexistentes de la República, como son las asumidas en el Acuerdo de Cartagena y, la de los ordinales 10. y 50. del artículo 190 dada la circuntancia de que la potestad de ejecutar las leyes y de dirigir las relaciones exteriores corresonden al Presidente de la República. Del mismo modo, señala el recurrente que, cuando el Congreso somete al requisito de una ley aprobatoria las decisiones de la Comisión que "modifiquen la legislación venezolana o sean materia de la competencia del Poder Legislativo", viola también el artículo 108 de la Constitución porque esa reserva, lejos de favorecer la integración económica latinoamericana, la complica y desnaturaliza, pues exige un requisito más que no pide la Constitución. Indica, al efecto, que las decisiones del Acuerdo de Cartagena son actos que se dictan para dar cumplimiento al Pacto Subregional Andino, y que el ejecutivo nacional debe velar porque esas decisiones se cumplan en el país. Las decisiones son actos de ejecución del tratado que no requieren de aprobación del Congreso, por lo cual el ejecutivo nacional, como órgano director de las relaciones exteriores tiene la potestad de apreciar la oportunidad de aplicar esas decisiones o de rechazarlas si considera que violan el ordenamiento jurídico comunitario. Otra prueba de la actitud indecisa y titubeante del legislador está en el artículo lo. de la Ley Aprobatoria del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena suscrito en Cartagena, el 28 de mayo de 1979, ya que él declara que "se aprueba en todas sus partes"; pero a pesar de esta tajante disposición, de inmediato el artículo 2o. hace una fuerte reserva a la aplicación de las decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al exigir su aprobación mediante una ley del Congreso de la República cuando ellas modifiquen la legislación venezolana, c sean dictadas en materia de la competencia del poder nacional. Al efecto, debe señalarse que el artículo lo. del tratado aprobado establece como fuentes del régimen comunitario andino a las siguientes: 1. A. El Acuerdo de Cartagena, sus protocolos e instrumentos adicionales; B. "El presente tratado"; C. Las decisiones de la Comisión: D. Las resoluciones de la Junta. Asimismo, el artículo 2 establece que las decisiones de la Comisión desde el momento de su aprobación por dicho organismo. El artículo 3 insiste en que las "decisiones de la Comisión" sean directamente aplicables a los países miembros, 108

5 Participación de los Jueces Nacionales en la Interpretación Prejudicial desde la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que ellas señalen una diferente. De allí que, cuando la ley nacional afirma aprobar en todas sus partes el tratado, pero al mismo tiempo impide la vigencia automática de las decisiones de la Comisión que modifiquen la legislación nacional o sean de reserva legal, está alterando su declaración originaria, así como lo dispuesto en los artículos 2 y 3 del tratado creador del Tribunal. Más adelante, cuando el artículo 3 de la ley aprobatoria ordena que la norma contenida en los artículos 28, 29, 30 y 31 del Tratado, esto es, la relativa a la "interpretación prejudicial" se efectúe en el sentido expresado en los artículos 129, 205 y 211 de la Constitución de la República de Venezuela, está sometiendo a condición la eficacia de las decisiones del Tribunal y haciéndole perder parte de su autonomía. No puede menos que recordarse, al efecto, que el artículo 36 del tratado prohíbe que éste sea suscrito con reservas. Respecto de las normas constitucionales exhortadas por la Ley Aprobatoria, el artículo 129 de la Constitución alude a la cláusula que debe ser insertada en todos los tratados, convenios y acuerdos internacionales, en virtud, de la cual las partes se obligan a decidir por vías pacíficas las controversias que pudieran suscitarse entre ellas motivo de su interpretación o ejecución. El artículo 205 establece la autonomía de los jueces y su independencia de los demás órganos del poder público y el artículo 211 consagra el carácter máximo de la Corte Suprema de Justicia y la inapelabilidad de sus decisiones. Es decir, que la Ley Aprobatoria del Tratado regresa con mayor aspereza que los textos que lo antecedieron, sobre el problema planteado por el artículo único primera parte de la Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cartagena. En efecto, respecto al protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena, denominado Protocolo de Quito mediante la Ley Aprobatoria del protocolo de Quito, suscrito en Quito, Ecuador el 12 de mayo de 1987 (publicada en la Gaceta Oficial No de fecha 4 de mayo de 1988), Venezuela se limita a aprobar en todas sus partes dicho protocolo. De allí que, el parágrafo 1 de la Ley Aprobatoria del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena replantea con más fuerza el dilema de la recepción automática o mediante conversión de los Estados, agravando la situación existente, al imponerle pautas a la interpretación prejudicial del Tribunal Andino. Recordemos que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena conoce de tres tipos de acciones diferentes: 1. De la acción de nulidad contra las decisiones de la Comisión y de las resoluciones de la Junta. 2. De la acción de incumplimiento; y, 3. De la interpretación prejudicial. 109

6 Hildegard Rondón de Sansó El objeto de la interpretación prejudicial es asegurar la aplicabilidad uniforme en el territorio de los países miembros, de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. La interpretación prejudicial puede producirse: A. En un proceso sujeto a recurso en el derecho interno; B. En un proceso no susceptible de recursos en el derecho interno. En ambos casos, la legitimidad para solicitar la interpretación prejudicial compete al juez nacional; pero si la sentencia no es susceptible de recurso podrá actuar tanto de oficio como a instancia de parte. Cuando el proceso sea susceptible de recurso, el juez de la causa, una vez solicitada la interpretación prejudicial, continuará su trámite y, si llegase a la etapa de sentencia sin haber recibido el pronunciamiento del Tribunal Andino, deberá dictar su decisión. En el caso en que la sentencia no fuere susceptible de recurso, el juez suspenderá el procedimiento hasta tanto obtenga la sentencia del Tribunal Andino. Lo anterior, explica el por qué en el juicio que tiene alzada u otro recurso, el juez puede sentenciar aun cuando no haya recibido la interpretación prejudicial del Tribunal. Por el contrario, al juez superior le corresponde suspender el procedimiento de alzada hasta que reciba la interpretación del Tribunal Andino. El problema se plantea en los casos en los cuales existe la posibilidad del recurso de casación ( debe en tal caso esperar el juez superior el dictamen del Tribunal Andino, o por lo contrario, debe sentenciar apenas concluido el proceso?, y la casación, debe esperar la interpretación que ha sido solicitada?). Ahora bien, el problema de mayor interés está constituido por el hecho de que el artículo 3o. de la Ley Aprobatoria del Tratado que crea el Tribunal de Justicia, ordena que la norma contenida en los artículos 28, 29 y 30 del Tratado se aplique en el sentido expresados, en los artículos 129, 205 y 211 de la Constitución. Esta disposición, como veremos, se inserta en la antes mencionada incierta situación de todas las normas comunitarias en el sistema venezolano, en la cual, no se ha logrado superar el impacto de la existencia de la supranacionalidad, y con ello aceptar la fuerza derogatoria que tiene la norma comunitaria sobre la legislación nacional. Venezuela no ha terminado de asimilar que estamos ante un sistema comunitario, que sólo es eficaz en la medida en que se reconozca la aplicación automática de la norma dictada por los organismos del Acuerdo, esto es, sin que sea necesario para que se produzca su incorporación al sistema de derecho positivo interno, ningún acto de conversión. Es decir, que no ha podido prescindirse de la necesidad de que sea la norma interna (la Ley o el Decreto) la que le dé eficacia jurídica a la norma comunitaria y que sea necesaria su presencia (ley aprobatoria o decreto aprobatorio), para que ésta pueda considerarse como norma de derecho positivo vigente en el país. 110

7 Participación de los Jueces Nacionales en la Interpretación Prejudicial Por lo que atañe a las restantes normas constitucionales, a cuya aplicación condiciona el artículo 3 de la Ley Aprobatoria la interpretación prejudicial, el artículo 205 de la Constitución establece lo siguiente: "En el ejercicio de sus funciones los jueces son autónomos e independientes de los demás órganos del Poder Público". El artículo transcrito, establece que los jueces cuando ejercen la función jurisdiccional, esto es cuando actúan esencialmente en su condición de tales, son autónomos e independientes de los demás órganos del Poder Judicial. Los términos autonomía e independencia, parecerían estar expresados en el mismo sentido, es decir, que entre ellos rige un absoluta sinonimia, ya que la palabra autónomo no alude a su sentido propio de la potestad de dictar normas válidas para el ordenamiento jurídico general del Estado. En efecto, la autonomía, entendida en el sentido antes expresado, no es una figura organizativa propia de la función jurisdicional, sino de la función legislativa y, en consecuencia, mal podía el consituyente, una vez indicado que se estaba refiriendo a los órganos del Poder Judicial en el ejercicio específico de sus funciones jurisdiccionales, atribuirle las mismas características propias de otra de las funciones esenciales del Estado. Es decir, que la autonomía a la cual alude el artículo 215 de la Constitución, no puede entenderse como la potestad normativa de un órgano, reconocida como tal por el ordenamiento jurídico, al punto de que las normas que de ella deriven se incorporen a la globalidad de la normativa del Estado. Al carecer del antes señalado carácter, el término autonomía, utilizado en el artículo 215 de la Constitución habría que interpretarlo como la libertad de actuación, lo cual coincide con la noción de independencia. Ahora bien, el constituyente por más reiterativo y enfático que hubiese querido ser respecto a la libertad de la decisión judicial; no podía, sin embargo, incurrir en el error de una tautología de tal índole en una materia que fija los caracteres de los organismos fundamentales del Estado. Por ello debe desecharse la sinonimia y estimarse, por el contrario, que ambos términos están utilizados en un sentido diferente el uno del otro. Autonomía alude asimismo, a la libertad de actuación del órgano; que se refuerza con la independencia, que es la no sujeción a ningún otro. La autonomía está dada en el texto como sinónimo de libertad del titular del cargo para determinar el contenido de sus actos y el alcance de ellos en cada caso específico, y en obediencia de la ley. Independencia, por parte, tiene el significado de la inexistencia de influencias y controles sobre sus decisiones. Trazado el contenido del artículo 205 de la Constitución, cabe preguntarse en qué forma la interpretación prejudicial debe ejercerse en acatamiento del artículo 205 de la Constitución? Parecería que con la exigencia que la Ley Aprobatoria hace de que la interpretación prejudicial se realice en el sentido expresado en el artículo 205, se está adelantando a presuntos vicios derivados de la conducta del Tribunal, vicios éstos que comprometerían su independencia frente a los órganos del Acuerdo o de gobiernos de los Países Miembros del Pacto o de terceros. 111

8 Hildegard Rondón de Sansó Finalmente, el artículo 211 de la Constitución señala que la Corte Suprema de Justicia es la máxima autoridad jerárquica del Poder Judicial, lo cual implica la inexistencia de recursos en su contra. Qué significado tiene el exigir que la interpretación prejudicial se efectúe tomando en cuenta la máxima jerarquía de la Corte Suprema de Justicia?. Dos pueden ser las interpretaciones, lo cual se refiere por igual al artículo que acaba se ser comentado: La primera interpretación podría ser en el sentido de que el legislador venezolano, en la Ley Aprobatoria, expresa su desiderátum, a través del artículo 3o., de que los miembros de Tribunal Andino, y éste como tal, actúen ciñendo, el ejercicio de sus funciones a las pautas que nuestro sistema jurídico exige de todos sus jueces, y del máximo tribunal en especial. Así, la norma querría significar que, para el legislador venezolano, la sentencia de interpretación debe revelar la autonomía e independencia de los jueces, y constituir la última instancia contra la cual no exista recurso alguno. Una interpretación de tal naturaleza no tiene sentido alguno, por cuanto mal puede el legislador nacional influir sobre los lineamientos trazados por una norma comunitaria. Una segunda interpretación sería considerar que el legislador Nacional quiso recordar la supremacía absoluta del organismo jurídico nacional, en el sentido de que todo lo concerniente al examen de los hechos que subyacen en el juicio en el cual se plantea la cuestión prejudicial, correponden a la jurisdicción nacional, en la cual la Corte Suprema de Justicia tiene la última palabra en la decisión. Una interpretación de esta naturaleza nos lleva a una consecuencia totalmente innecesaria, ya que el propio artículo 30, relativo a los límites y alcances de la interpretación prejudicial, excluye en forma expresa que el Tribunal puede interpretar el contenido y los alcances del derecho nacional, ni calificar los hechos materia del proceso. Analizada en la forma en que lo hemos hecho, la norma del artículo 3 de la Ley Aprobatoria parecería totalmente innecesaria y habría incluso que dudar de su legitimidad. Creemos que con ellas se intentó una regresión al problema planteado por el artículo único de la Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cartagena y que es reveladora de la sobrevivencia de un sentimiento antiintegracionista. De inmediato se recoge la jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, desde el año de 1984 fecha de su instalación, hasta el año de 1994, en la materia relativa a la interpretación prejudicial, respecto a los lineamientos que dicho organismo le da al recurso en cuestión y sin reseñar el contenido material de la consulta. 112

9 Participación de los Jueces Nacionales en la Interpretación Prejudicial GACETA OFICIAL N 28 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 1988, PROCESO N 1-IP-87. INTERRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 58, 62 Y 64 DE LA DECISIÓN 85 El Tribunal señaló en esta oportunidad lo siguiente: 1. La obligatoriedad de la interpretación, en el sentido de que la sentencia interpretativa es vinculante para el juez nacional de lo que debe ser al correcto entendimiento de las normas del decreto de la integra- _ ción. 2. El carácter particular de la interpretación de la interprertación, ya que rige tan solo para el caso objeto de la consulta, y por tanto no exime al juez nacional de la obligación de nuevas consultas en casos similares o análogos; sin embargo, la finalidad propia de la consulta prejudicial es la de ir formando una jurisprudencia o doctrina uniforme en la subregión. 3. El alcance de la interpretación es el de encontrar la voluntad de la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico. Al efecto, por la interpretación debe entender se la búsqueda de la significación de la norma para precisar su alcance y su sentido jurídico, tarea esencialmente distinta a la de aplicar la norma a los hechos, la cual está reservada al juez nacional. De allí que, no puede referirse el Tribunal al cotejo y adaptación entre el contenido general de la norma que interpreta, y los hechos concretos y particulares. La exigencia del estatuto de que los hechos se informarán, al tribunal de manera sucinta, ha de entenderse, no en el sentido de que éste se ha de pronunciar sobre ellos, lo cual le está vedado, sino para que, conociéndolo, pueda el Tribunal enfocar u orientar la doctrina y ella resulte útil para el juez nacional que deba fallar en el caso específico. 4. Caso en el cual norma comunitaria es igualmente norma interna. En tales casos, el Tribunal no pierde su competencia, ya que la norma continúa perteneciendo al ordenamiento jurídico del Acuerdo, sin perjuicio de que también sea norma nacional. 5. Respecto al método de interpretación, el Tribunal estima que existen pautas del nuevo derecho de la integración, que se nutre sobre todo de la jurisprudencia de la Corte de las Comunidades Europeas. Indica al efecto, que debe emplearse preferentemente el llamado método funcional y los métodos sistemátieos y de interpretación teleológica, que en el caso presente tienden a buscar la que mejor se adata al proceso de integración. 113

10 Hildegard Rondón de Sansó GACETA OFICIAL N 35 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 1988, PROCESO N 3-IP-88. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 58, LITERALES "A" Y "G" DE LA DECISIÓN 85 En esta sentencia, el Tribunal no hizo ninguna consideración sobre el alcance de la interpretación prejudicial, pero en su dispositivo ordena al órgano consultante (Consejo de Estado de la República de Colombia), adoptar la interpretación objeto del fallo en el caso específico que le fuera consultado. GACETA OFICIAL N 39 DE FECHA 18 DE ENERO DE 1989, PROCESO N 4-IP-88. INTERPRETACIÓN DE LOS AR- TÍCULOS 58 LITERALES "A", "F" Y "G", 82 Y 64 DE LA DECISIÓN 85 En esta sentencia, el Tribunal no hace consideraciones sobre el alcance de la interpretación prejudicial, pero sí establece que las nociones de "buenas costumbres y de orden público deben entenderse en el sentido amplio, cambiante y relativo que suele dársele en el derecho comparado. Por buenas costumbres, debe entenderse la conformidad de la conducta con la moral aceptada o predominante según el lugar y la época. Suele tener esta expresión un sentido ético general y no propiamente comercial y se la refiere, entre otras, a conductas que chocan con la moral social,. tales como la prostitución, el proxenetismo, la vagancia, los juegos prohibidos, etc. y las conductas delictivas en general. En el caso concreto, relativo al régimen marcario un signo de cualquier tipo, denominativo o figurativo, que pueda extenderse como apología o simple propaganda de esta clase de conductas, será entonces irregistrable como marca. El orden público, por su parte, se refiere al Estado, a la cosa pública. Este orden es el imperio de la ley y de la tranquilidad ciudadana que debe ser garantizada por el Estado. En tal sentido fue definido por Haurlou como " el orden material y exterior considerado como estado de hecho opuesto al desorden; como estado de paz, opuesto al estado de perturbación". Para los hermanos Mazeaud, la noción de "buenas costumbres", ante mencionada, constituye un aspecto particular del "orden público". Son actos contra el "orden público", por ejemplo, los que atentan contra la seguridad pública, los que afectan el normal funcionamiento de los servicios públicos, los tumulos y disturbios públicos, el pillaje, el vandalismo, la subversión, la apología de la violencia, los atentados contra la salubridad pública, y, en general, los que alteren la paz pública o la convivencia social. En consecuencia, un signo denominativo o figurativo cuyo efecto en el público pueda ser el de estimular este tipo de actos, no podrá ser admitido como marca industrial o comercial. El término "orden público" también se utiliza en derecho para calificar aquellas normas positivas que son absolutamente obligatorias, que no pueden ser derogadas por convenios entre los particulares y que consagran derechos irrenunciables 114

11 Participación de los Jueces Nacionales en la Interpretación Prejudicial (orden público normativo). Pero es evidente que la norma en estudio (artículo 58 literal a), se refiere a "orden público" no en este último sentido, sino en el de orden público administrativo. GACETA OFICIAL N 49 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 1989, PROCESO N 2-IP-89 INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍ- CULOS 56, 57 Y 58, LITERALES "A" Y 'C", 62, 64 Y 84 DE LA DECISIÓN 85. En la sentencia aludida, el tribunal reitera el principio de abstención de pronunciarse sobre materias que están reguladas por la legislación interna de los países miembros. GACETA OFICIAL N 66 DE FECHA 4 DE JUNIO DE 1990, PROCESO N 4-IP-89. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 60 Y 68 DE LA DECISIÓN 85. El Tribunal hace un reenvío a decisiones anteriores, señala que ha tenido o- portunidad de pronunciarse sobre las normas objeto de las consultas formuladas, en casos iguales, por lo cual reitera, una vez más, su jurisprudencia, y se remite a las anteriores sentencias. GACETA OFICIAL N 50 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 1989, PROCESO N S-IP-89. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCU- LO 5 DEL TRATADO DE TRIBUNALES Y DE LOS ARTÍCULOS 1, 3 Y 17 DE LA DECISIÓN 210. Se pronuncia el Tribunal sobre la obligatoriedad de cumplimiento por parte de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, como países miembros del Acuerdo de Cartagena, del ordenamiento jurídico de dicho Acuerdo, por cuanto él es imperativo, de aplicación y cumplimiento obligatorio para la parte y así como para los órganos y funcionarios que ejercen funciones conformes a dicho ordenamiento. Recordó que es jurisprudencia reiterada del Tribunal, el señalar que las características inherentes al ordenamiento del Pacto Andino son su identidad y autonomía propias, que forma parte de los ordenamentos jurídicos nacionales y prevalece en el marco de su competencia sobre las normas nacionales, sin que pueda oponerse a actos unilaterales de los países miembros. Recuerda el Tribunal las normas de la interpretación del derecho comunitario que se asientan en el Proceso No. 1-IP-87 (Gaceta Oficial No. 28, de fecha 15 de febrero de 1989); pero a ellas agrega que deberían tenerse en cuenta el libre consentimiento y la buena fe, y la norma "pacta sunt servanda", así como la regla general de interpretación prevista en la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados, cuyo artículo 31 dice: 115

12 Hildegard Rondó" de Sanad "Artículo 31.- Regla General de Interpretación: 1.. Un tratado deberá interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objetivo y fin. 2. Para los efectos de interpretación de un tratado, el contexto comprenderá además del texto, incluidos, sus preámbulo y anexos: a) Todo acuerdo que se refiera al tratado y que haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado; b) Todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado". Al respecto, recuerda el Tribunal que la buena fe en la interpretación se vincula a la buena fe con que debe ser cumplido todo tratado en vigor. Señala que así lo dice la misma Convención cuando establece que "todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe (artículo 26) y establece la justificación y cumplimiento de un tratado... (artículo 27)". Ha de entenderse, entonces, que cualquier acto de las partes que desconozca el principio "pacta sunt servanda", significaría incumplimiento del tratado, lo cual sería violatorio del Derecho Internacional, y en nuestro caso, del Derecho Comunitario. Por otra parte, el "sentido corriente"de los términos del artículo que se interpreta, dentro del contexto del Tratado del Tribunal, lleva a la precisa conclusión de que los países miembros, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, por mandato de su artículo 5, tienen una doble obligación: la primera, de carácter positivo "de hacer", y la segunda, de orden negativo, de "no hacer". Por la primera, los países miembros tienen que adoptar toda clase de medidas, sean legislativas, judiciales, e- jecutivas, administrativas, o de cualquier otro orden, llámense reglas, procedimientos, requisitos, decisiones resoluciones, acuerdos, dictámenes, sentencias o providencias, que garanticen el cumplimiento de la normativa andina. Estima que el Acuerdo tiene por objetivos promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros, en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. Así mismo, son objetivos de este acuerdo: propender al disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posieión de los países miembros en el contexto económico internacional; fortalecer la solidaridad s u br e gional v reducir las diferencias de desarrollo, 116

13 Participación de los Jaeces Nacionales en la Interpretación Prejudiclal existentes entre ellos. Estos objetivos tienen la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión. GACETA OFICIAL No. 50, DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 1989, ROCESO No. 6-IP-89 INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍ- CULOS 2, 11, 15, 19, 20, 27, 28 Y 44 DE LA DECISIÓN 85. Fue solicitada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, sección Primera, una interpretación sobre varias normas relativas al régimen de las patente de invención. Al hacer la interpretación, el Tribunal del Acuerdo de Cartagena define qué se entiende por "estado de la técnica", a los fines de otorgar una parte de invención; determina el alcance de lo que es la novedad y establece a quién corresonde verificar su existencia. Indica la legitimidad necesaria para solicitar las patentes, de invención; determina, en el procedimiento de concesión de las patentes; cuáles son las etapas que lo integran y, finalmente, establece que es al propio derecho interno de cada país al que corresponde señalar el órgano administrativo que constituye la "oficina nacional competente", según la Decisión 85. GACETA OFICIAL No. 53, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 1989, PROCESO No. 7-IP-89. INTERPRETACIÓN DE LOS AR- TÍCULOS 5 LITERAL " C" Y 22 DE LA DECISIÓN 85. Se pronuncia el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena sobre la solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, con resecto a la duda de si los herbicidas y plaguicidas están incluidos en la prohibición de patentabilidad contemplada en la Decisión 85. Recuerda, al efecto, el Tribunal, que en el Proceso No. 1-IP-88 (Sentencias del 26 de julio de 1988) estableció que los herbicidas sí están comprendidos en la excepción a la patentabilidad. Ratifica, el Tribunal, que la solicitud de interpretación prejudicial tiene la finalidad de asegurar la aplicación uniforme en el territorio de los países miembros, de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, por lo que la jurisprudencia del Tribunal, como cuerpo de doctrina armónica y estable que debe servir al proceso de integración andina, es de aplicación general en los países miembros. Reitera que, sin embargo, sus dictámenes son actos judiciales que por su propia naturaleza se refieren al asunto sub judice en cada caso. Por lo anterior, se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, -así se refiera a la misma materia debatida en el proceso anterior-, no exime al juez nacional de ésta últiina causa, de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de interpretación. Así mismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encontrare razones justificadas para hacerlo. 117

14 Hildegard Rondón de Sansó En el caso de la sentencia que se analiza, el Tribunal ratifica el criterio formulado en la sentencia del 25 de mayo de 1988, la cual fue transcrita parcialmente, a los fines de insistir en los criterios que asienta. Además, el Tribunal hizo consideraciones adicionales al régimen de las patentes y a las razones por las cuales fue dictada la Decisión 85, estimando que el artículo 5, objeto de la interpretación, es particularmente revelador de la tendencia filosófica y jurídica de la norma. Igualmente, le fue requerida al Tribunal la interpretación del artículo 22 de la Decisión 85, respecto a la opinión de los peritos en el proceso de otorgamiento de las patentes, estimando, al respecto, que las oficinal nacionales competentes pueden solicitar, según su propio criterio, y de acuerdo con el derecho interno, dictámenes o conceptos técnicos y científicos acerca de los asuntos que deban resolver. GACETA OFICIAL No. 59 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 1990, PROCESO No. 1-IP-90. INTERPRETACIÓN DE LOS AR- TÍCULOS 45 Y 56 DEL ACUERDO DE CARTAGENA. La sentencia es dictada en relación a una solicitd del Tribunal Contencioso Administrativo del departamento del Norte de Santander, con sede en Cúcuta, Colombia. Solicitaba la jueza consultante, que se definiese si los países miembros del Acuerdo de Cartagena están o no impedidos de variar los tributos aduaneros incrementados respecto a productos originarios de la subregión, cuando no se encuentren incluidos en el programa de liberación por estar en lista de excepciones o en nóminas de reserva. Estimó el Tribunal que el artículo 54 del Acuerdo de Cartagena prohíbe a los países miembros modificar los niveles de gravámenes e introducir nuevas restricciones, que signifiquen situaciones menos favorables a la existentes momento de la entrada en vigor del Acuerdo. El Tribunal, después de hacer un estudio del origen de la norma y su ubicación en el sistema, recuerda que ella, por ser limitativa de la libertad, debe ser interpretada restrictivamente. En relación con el contenido de la interpretación, llegó a la conclusión de que los países miembros pueden aumentar las gravámenes a menos que los productos se encuentren en el programa de liberación. GACETA OFICIAL No. 69, DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 1990, PROCESO No. 2-IP-90 INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCU- LO 27 DEL ACUERDO DE CARTAGENA. El Tribunal conoció de la consulta de la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia, relativa al alcance del artículo 27 y de las normas comunitarias que lo desarrollan en relación al contrato de licencia de marca con pago de regalías. Estableció el Tribunal que los países miembros mantienen su competencia para legislar sobre la materia de los contratos de licencia de marcas, siguiendo las 118

15 Participación de los jueces Nacionales en la Interpretadón Prejudicial pautas establecidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en cuanto a la importación de tecnología en general, teniendo en cuenta las normas comunitarias que prevalecen sobre la legislación nacional. GACETA OFICIAL No. 70, DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 1990, PROCESO No. 3-IP-90. INTERPRETACIÓN DE LOS AR- TÍCULOS 56, 58 LITERALES "F" Y "G" Y 76 DE LA DECISIÓN 85. Atiende la sentencia a una solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala Contencioso Administrativo, sección la., en materia de confundibilidad de las marcas. Se pronuncia el Tribunal sobre la obligatoriedad para los jueces de hacer la consulta para la aplicación de las normas de derecho comunitario, en vista de que éste debe ser interpretado de manera uniforme para que pueda servir a la intergración. El juez nacional que vaya a dictar una sentencia definitiva, aplicando una norma común, está en la obligación de solicitar su interpretación al Tribunal Andino, el cual interviene en el proceso judicial, únicamente para asegurar la uniformidad de la norma comunitaria, de su genuino sentido, o del alcance que le es propio. Esta obligatoriedad emerge del articulo 29 del Tratado que crea el Tribunal, cuando le indica al juez nacional, cuya decisión no tiene recurso, pedir la interpretación prejudicial sobre las normas comunitarias. GACETA OFICIAL No. 71, DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 1990, PROCESO No. 4-IP-90. INTERPRETACIÓN DE LOS AR- TÍCULOS 67, 56, 58, 60, 63 Y 76 DE LA DECISIÓN 85. La consulta fue efectuada por la sección la. de la Sala Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Se trató de un problema relativo al procedimiento de otorgamiento de las marcas. GACETA OFICIAL No. 93 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 1991, PROCESO No. 6-IP-90. INTERPRETACIÓN DE LOS AR- TÍCULOS 70 DE LA DECISIÓN 85. La solicitud fue formulada por la Sección la. de la Sala Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. El problema planteado se refiere al artículo 70 de la decisión 85, que establece: 119

16 Hildegard Rondón de Sansó "Artículo 70.- Para tener derecho a la renovación, el interesado deberá demostrar, ante la oficina nacional competente respectiva, que está utilizando la marca en cuestión, en cualquier país miembro". El Tribunal se remitió a una sentencia del 8 de enero de 1990; pero tomó en cuenta nuevos elementos que habían surgido en la materia, la cual versaba sobre la prueba del caso de una marca cuando se solicita su renovación. Esta sentencia es importante porque el Tribunal ratifica que el Juez nacional deberá aplicar la norma comunitaria cuando exista conflicto entre ésta y la norma nacional. GACETA OFICIAL No. 78, DE FECHA 18 DE MARZO DE 1991, PROCESO No. 1-IP-71. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 60 DE LA DECISIÓN 85. Se solicitó la interpretación por parte de la Sección la. de la Sala Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. El Tribunal señala que la interpretación prejudicial no es una prueba ni puede asimilarse a ella. En efecto, el recurso prejudicial es un elemento de juris que el juez nacional debe tener en cuenta para fundar jurídicamente su sentencia y que, por lo mismo, es esencialmente distinto a la prueba, la cual se circunscribe por definición a lo fáctico del juicio o proceso de que se trate y que es, en consecuencia, ajena a la competencia del juez comunitario cuando interpreta prejudicialmente. La solicitud de interpretación prejudicial, en consecuencia, sea de oficio o a petición de parte, puede hacerse en cualquier estado y grado de la causa, aunque deberá hacerse de preferencia cuando el proceso esté listo para que se dicte sentencia de fondo, puesto que se trata de aplicar un criterio hermenéutico que tan sólo resulta operativo para el juez nacional en el momento de dictar su fallo, ya que se plantea una cuestión de puro derecho como lo es la interpretación de las normas jurídicas del Acuerdo de Cartagena. Distinta es la solución de la legislación interna, para las cuestiones de hecho en las cuales sí existe una oportunidad procesal para que las partes puedan promoverlas o presentarlas ante el juez nacional (proceso 1-IP-87 Gaceta Oficial No. 28 del 15 de febrero de 1988). Se pronuncia sobre la prueba del uso de la marca, indicando que es la efectiva utilización como signo de un producto o servicio que está en el mercado y por lo tanto, llega a los consumidores. 120

17 Participación de los Jueces Nacionales en la Interpretación judicial GACETA OFICIAL No. 78, DE FECHA 18 DE MARZO DE 1991, PROCESO No. 2-IP-71. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCU- LOS 66, 67 Y 84 DE LA DECISIÓN 85. Solicitada por la Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Se refiere a la determinación por parte de la legislación nacional de las oficinas nacionales competentes. GACETA OFICIAL No. 93 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 1991, PROCESO No. 3-IP-91. INTERPRETACIÓN DEL AR- TÍCULO 58, LITERALES "A", "B", "C", "D" Y 'F" DE LA DE- CISIÓN 85. El Tribunal ratifica que la interpretación prejudicial no es una prueba, y se pronuncia igualmente sobre las denominaciones genéricas y las marcas confundibles. GACETA OFICIAL No. 97 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 1991, PROCESO No. 4-IP-91. INTERPRETACIÓN DE LOS AR- TICULOS 58, LITERALES "F" Y "G" Y 72 DE LA DECISIÓN 85 La materia fue planteada a requerimiento de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de la Repúblia de Colombia. Se pronuncia el Tribunal sobre los criterios de confundibilidad entre marcas, y señala la metologá para comparar marcas, distingue entre la que se realiza entre marcas denominativas, y entre marcas mixtas. GACETA OFICIAL No. 106, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 1992, PROCESO No. 1-IP-92. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCU- LOS 1, 2 Y 5, LITERAL "C" DE LA DECISIÓN 85. Solicitud hecha por la Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Al respecto, el Tribunal observa que la interpretación versa sobre la Decisión 85, pero que esta fue sustituida, en fecha 8 de noviembre de 1991, por la Decisión 311, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo No. 96 de la fecha 12 de diciembre de Observa igualmente que la Decisión 311 fue sustituida por la Decisión 313 de fecha 8 de febrero de Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 101, de fecha 14 de febrero de En vista de la derogatoria de la norma cuya interpretación se pide, el Tribunal se consideró incompetente, por cuanto sólo posee com- 121

18 Hildegard Ro n dón de Sansó petencia para interpretar normas del Acuerdo de Cartagena. Se declaró improcedente la solicitud. GACETA OFICIAL No. 112, DE FECHA 24 DE JULIO DE 1992, PROCESO No. 2-IP-92. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCU- LOS 58, LITERALES "F", "G" E "I" DE LA DECISIÓN 85 La solicitud fue formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Al igual que en el caso anterior, el Tribunal señaló que la Decisión 85 ya no estaba en vigencia, por lo cual era incompetente para interpretar su norma. GACETA OFICIAL No. 122, DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 1992, PROCESO No. 3-IP-92. INTERPRETACIÓN DE LOS AR- TÍCULOS 93 Y 95 DE LA DECISIÓN 311. La solicitud fue formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Declarada improcedente por cuanto la Decisión 311 había sido sustituida por la Decisión 313 y, en consecuencia, carecía de competencia para interpretar una norma ajena al Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL No. 137, DE FECHA 20 DE JULIO DE 1993, PROCESO No. 1-IP-93. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCU- LOS 61, 62, 63 Y 72 DE LA DECISIÓN 85. La solicitud fue formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Se declara improcedente por haber sido sustituida la Decisión 85, y se remite a la sentencia de 7 de julio de GACETA OFICIAL No. 137, DE FECHA 20 DE JULIO DE 1993, PROCESO No. 2-IP-93. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCU- LOS 1o., 5o., LITERAL "C", 20 Y 29 DE LA DECISIÓN 85. La sentencia fue dictada con motivo del recurso interpuesto por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. El Tribunal considera improcedente el recurso, por carecer de competencia para pronunciarse sobre la materia, ya que el artículo 28 del Tratado la confiere sólo 122

19 Participación de los Jueces Nacionales en la Interpretación Prejudicial para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, a fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros, y la Decisión 85 dejó de ser norma vigente por haber sido sustituida por la Decisión 311 de fecha 8 de noviembre de 1991, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo No. 96 del 12 de diciembre de 1991, Decisión que a su vez fue sustituida por la Decisión 313 dictada por la Comisión del Acuerdo en fecha 6 de febrero de 1992 y publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo No. 191 del 14 de febrero de GACETA OFICIAL No. 138, DE FECHA 4 DE AGOSTO DE 1993, PROCESO No. 3-IP-93. INTERPRETACIÓN DEL AR- TÍCULO 54 EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 46 Y 53 DEL ACUERDO. La interpretación fue solicitada por el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento del Norte de Santander, con sede Cúcuta, Colombia. Solicitaba, el Tribunal Contencioso, interpretación sobre "si los países miembros del Acuerdo están o no impedidos de variar los tributos aduaneros incrementádose respecto de productos originarios de la Subregión, cuando tales programas no se encuentran incluidos en el programa de liberación, por estar en lista de excepción o nóminas de reserva". El Tribunal se remitió a su sentencia en el proceso No. 1-IP-90 del 11 de octubre de 1990, recogiendo la jurisprudencia expuesta en tal oportunidad para llegar a la conclusión de que los países miembros del Acuerdo, si bien no pueden modificar los gravámenes para los productos incluidos en el programa de liberación, sí pueden establecerlos, variarlos y aumentarlos para las importaciones de productos originarios de la Subregion. GACETA OFICIAL No. 140, DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 1993, PROCESO No. 4-IP-93 INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 58 LITERAL "a', 64, 65, 72 DE LA DECISIÓN 85. Presentada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. El Tribunal consideró la solicitud improcedente por ser incompetente, ya que la Decisión 85 no es norma del ordenamiento jurídico del Acuerdo, por haber sido sustituida por la Decisión 311. En igual sentido se pronunció el Tribunal en sentencia de fecha 17 de febrero de 1994, proceso No.5-IP-93. Gaceta Oficial del A- cuerdo No. 147, respecto a la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 19 y 20 de la Decisión 85, presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. 123